La Cámara de Exportadores de la República Argentina propone una solución conservadora: mantener los derechos, sin aumentos, solo para ciertos productos como soja, maíz, trigo, cebada y girasol, con una reducción gradual anual.
Además, frente a la evolución de las negociaciones en el Congreso y la potencial eliminación favorable de derechos para economías regionales, insiste en la eliminación inmediata de derechos también para bienes industriales carne, pesca y productos orgánicos, con la garantía de que no se reinstauren en el futuro.
La Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA) ha expresado de manera constructiva, tanto en la Cámara de Diputados como en distintos espacios de diálogo, su inquietud y preocupación sobre la propuesta de aumento de Derechos a la Exportación, incluida en el proyecto. Fernando Landa, presidente de CERA, destaca la importancia de abordar este tema crítico que afecta directamente al empleo, las inversiones y la competitividad del país.
Desde la institución, se subraya la necesidad de adoptar la competitividad como una política de estado, reconociendo el papel fundamental que juega la exportación en el crecimiento sostenible y en la colaboración esencial entre el sector público y privado para alcanzar este objetivo.
La propuesta de aumento de Derechos a la Exportación, especialmente en manufacturas de origen industrial y agroindustrial, ha sido objeto de críticas por parte de CERA. Landa cita datos preocupantes, como la disminución del 33% en empresas exportadoras en los últimos 15 años y una caída de participación de las Pymes a solo 7% en el total exportado. Además, señala que Argentina ha perdido 4,000 empresas exportadoras y medio millón de empleos directos e indirectos en ese mismo periodo.
El impacto de las retenciones en las exportaciones nacionales ha llevado a una reducción significativa en la participación mundial de Argentina, llegando al 0,25% en 2023. Esto se traduce en pérdidas anuales de U$ 42,000 millones y un estancamiento de las exportaciones totales durante los últimos 16 años, afectando especialmente a las manufacturas agropecuarias e industriales.
CERA destaca la contradicción entre la propuesta de aumento de derechos que empeora la competitividad nacional y los avances logrados en el acuerdo Mercosur-Unión Europea: la imposición de gravámenes adicionales contrasta con la tendencia mundial de subsidios y políticas industriales expansivas. Asimismo, señala que aplicar derechos de exportación es anti-federal, al no ser coparticipable y sustituir un impuesto progresivo y coparticipable como es el impuesto a las ganancias.
“El principal problema del gasto nacional es la seguridad social (destino de más del 45% de los fondos del estado nacional). En un país con la favorable pirámide demográfica que posee Argentina, la solución genuina sería la generación de empleo a través del comercio internacional como lo ha sido en todo el mundo”, remarca Landa y continua; “Existen opciones aún no consideradas para mejorar el resultado fiscal sin comprometer el empleo y el desarrollo, enfatizando que el propio Ministro Caputo ha considerado a las retenciones como contrarias al desarrollo nacional”.
En medio de estas discusiones, se vislumbra una realidad preocupante que pocos están dispuestos a abordar de frente. El consenso empresario de que estas medidas afectarán negativamente el monto exportado.
“Es universalmente aceptado que imponer derechos a la industria no es una práctica común, y esta situación plantea una serie de interrogantes sobre la dirección que está tomando la política económica. La medida se presenta como una especie de solución a la incapacidad para recortar gastos, lo cual plantea riesgos considerables para la estabilidad económica y el desarrollo sostenible”, sostiene Landa.
El fantasma inflacionario será entonces el instrumento de última instancia para el Ejecutivo si, como indican las proyecciones empresariales de la CERA, la exportación cae y la recaudación no mejora, sino que ocurre exactamente lo contrario producto de una presión fiscal confiscatoria. En conclusión, la imposición de derechos a la exportación como solución frente al gasto público actual presenta contradicciones significativas, principalmente la posibilidad concreta de un rebrote inflacionario y pérdida de empleo.
Por lo tanto, CERA insiste en la necesidad de no avanzar con este impuesto regresivo y antiexportador.
