A un mes de iniciado el reclamo público por la crítica situación del sector de diálisis en la Provincia de Buenos Aires, La Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR) denuncian que aún no hay respuestas por parte de las autoridades. El pasado 24 de julio, la entidad envió una nota formal al Gobernador Axel Kicillof solicitando su intervención directa ante la falta de pago y la ausencia de actualización de los valores de las prestaciones, pero hasta el momento no se ha obtenido ninguna respuesta concreta.
Desde julio de 2024, el Ministerio de Salud no actualiza los valores de las prestaciones de diálisis y tampoco abona las prestaciones ya brindadas. La deuda acumulada por el Gobierno de la Provincia asciende a más de $18.000.000.000, y pone en riesgo la continuidad del tratamiento de 4342 pacientes que dependen del sistema público provincial, representando el 44% del total de personas en tratamiento en la provincia, según datos del SINTRA actualizados al 6/07/2025.
En la nota enviada al Gobernador, la ARD expresó su profunda preocupación ante la falta de pago y la desactualización de los valores del servicio, que compromete la viabilidad de 195 centros de diálisis, muchos de ellos únicos en sus localidades, cuya posible suspensión implicaría el traslado forzoso e incierto de los pacientes hacia otros establecimientos, muchas veces distantes e igualmente desbordados.
“El tiempo sigue pasando y la posibilidad de cierre de algunos establecimientos, cada vez más corpórea, derivará ineluctablemente en la suspensión de los tratamientos para todos los pacientes de esa institución”, advertía la misiva firmada por el Dr. Alfredo Casaliba, presidente de la ARD.
La única acción posterior al envío de la nota fue el reenvío de la misma al Ministerio de Salud de la Provincia y a IOMA, desde donde apenas se enviaron dos números de teléfono de contacto. Al comunicarse con IOMA, nadie respondió las llamadas.
Además, el 29 y el 31 de julio, el Dr. Casaliba solicitó formalmente una entrevista con Gustavo Martínez, Jefe de Gabinete de IOMA, sin obtener respuesta hasta el momento.
“¿Cómo es posible seguir adelante sin los recursos necesarios? ¿Quién debe responder a este pedido que ya a esta altura más que solicitud es súplica?”, plantea la carta enviada al Gobernador.
Los centros prestadores, integrados en su mayoría por pymes de capital nacional, se enfrentan a un escenario de quebranto económico y moral. Llevan más de un año sosteniendo los tratamientos sin la retribución correspondiente, a valores congelados en julio de 2024, sin previsibilidad, sin diálogo y con una deuda que crece mes a mes.
Desde la ARD y la Cámara Argentina de Servicios y Productos de Terapia Renal (CATR), se vuelve a llamar con urgencia al Gobierno provincial a asumir la responsabilidad que le compete y resolver de manera inmediata la deuda y la actualización de los valores de las prestaciones, antes de que la situación derive en consecuencias irreversibles.
Testimonios de prestadores damnificados:
Prestador de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires
“Nosotros somos un centro independiente que se autofinancia mes a mes, pero desde hace más de tres meses no cobramos del Ministerio de Salud provincial. Eso nos pone en una situación límite: ya agoté mis ahorros personales para cubrir insumos, personal y traslados. No hay comunicación, no hay previsibilidad, no sabemos cuándo ni cuánto vamos a cobrar. Mientras tanto, seguimos brindando un servicio de alta complejidad que, sin exagerar, le salva la vida a la gente.
Lo más grave es que no hay forma de reemplazar este servicio desde el Estado. Los hospitales públicos no tienen capacidad para absorber a todos los pacientes, y el sistema de diálisis en Argentina funciona gracias a la red de prestadores privados que con enorme esfuerzo sostienen esta estructura.
Si esto no se resuelve pronto, los centros no vamos a poder seguir funcionando. Los proveedores dejarán de entregar insumos, y los pacientes quedarán sin atención. Y eso no es una amenaza, es una realidad aritmética: cuando llegás a cero, se termina.
Nadie puede vivir sin dializarse. Y si el Estado provincial no cumple su parte, va a tener que hacerse cargo de las consecuencias.”
Prestador de la localidad de San Pedro
“La situación es insostenible. Los insumos están dolarizados, el mantenimiento de las máquinas es en dólares y los traslados de los pacientes —que vienen desde una amplia zona de influencia, incluso desde Baradero y Ramallo— tienen un costo altísimo. Si no cobramos en tiempo y forma, no podemos seguir. Ya no tenemos reservas. Prestamos un servicio de alta complejidad: si el paciente no se dializa, muere. No vamos a dejarlos en la calle, pero el Estado provincial debe hacerse cargo. En nuestro caso, hoy el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires – a través de Incluir Salud- es el que más está demorando los pagos, y cerca del 30% de nuestros pacientes están bajo su cobertura.”
Administrador de prestador de la ciudad de Bahía Blanca
“La situación con la diálisis en la provincia de Buenos Aires es dramática. Llevamos más de un año sin actualización del valor del módulo, y eso significa que estamos trabajando por debajo del costo real del servicio. Recientemente se otorgó un 20% de aumento, pero solo para los traslados, no para la prestación en sí.
Los centros de diálisis somos pymes, y hoy estamos obligados a funcionar a pérdida, con demoras en los pagos de cuatro o cinco meses tanto del Ministerio de Salud provincial como de IOMA. Mientras tanto, los insumos aumentan, los salarios también, y el traslado de los pacientes —que forma parte esencial del servicio— es cada vez más costoso.
Muchos centros ya han decidido no aceptar nuevos pacientes con cobertura del Ministerio por esta razón, y eso es gravísimo. El paciente que no se dializa, pone en riesgo su vida. El Estado está completamente ausente.
Lo más grave es que no hay expectativa de mejora. Las promesas no se cumplen, y lo único que hay es un abandono total de un servicio esencial. La salud debe estar por encima de cualquier objetivo político: esto es una urgencia que no admite más demoras.”
