Por Romina Marascio, vicepresidenta del Concejo Deliberante de la ciudad de La Plata
A pocos días de comenzar nuevamente el año lectivo y luego de atravesar una pandemia en la cual el sentido común y la responsabilidad de los mandatarios oficialistas estuvo ausente, decretando un aislamiento social, excesivo, que afectó durante casi dos años a la educación en todos sus niveles, nos preguntamos si no es hora de tomar medidas para que la educación sea declarada como un servicio esencial.
Así como la salud o el transporte son encuadrados dentro de los servicios esenciales, por ser indispensables para el desarrollo cotidiano de la sociedad, la educación debe comenzar a ser tratada, legislada y respetada como tal, ya que no hay duda que es junto al trabajo las dos herramientas más importantes para poder salir adelante como país.
La Constitución Nacional y Tratados internacionales con jerarquía constitucional consagra el derecho a enseñar y aprender; asimismo la Constitución de nuestra Provincia reconoce a la educación como un derecho humano fundamental. Tanto en la Ley Nacional de Educación N°26.206 como en la Ley Provincial N°13.688 se busca garantizar, reafirmar y organizar el ejercicio de estos derechos fijando que la educación debe ser una política de Estado para brindar una formación integral, inclusiva, permanente y de calidad.
Este derecho viene siendo vulnerado año tras año con los paros realizados en forma continua y excesiva por los sindicatos de educación, que tomaron esta medida, que debe ser excepcional como la regla, ante cualquier reclamo, y no solo salarial, sino ante otros hechos, que están inclusive muy lejos de estar por encima del derecho de toda una generación a aprender y educarse.
Un ejemplo de ellos fue el paro convocado por Ctera para reclamar por una supuesta “criminalización” de un gremialista que había quemado gomas durante una protesta en 2019 y eso provocó un principio de incendio en la Legislatura de Chubut.
Tras casi dos ciclos lectivos con escuelas cerradas por la pandemia más de 9 millones de alumnos de todo el país se verían afectados por esta medida.
¿Es lógico, es justo, que 9 millones de chicos no tengan derecho a educarse por un conflicto de un sindicato del sur que no está de acuerdo con una condena judicial frente a un hecho delictivo de un gremialista? ¿Es esta la función y la forma de reclamo de los sindicatos?
¿Por qué repercute en las clases algo que se dirimió en la Justicia?
Por eso debemos trabajar firmemente en declarar a la educación como servicio esencial y así como otros servicios garantizar su continuidad.
En la legislatura provincial ya existen antecedentes firmes de este tema, uno de ellos fue presentado durante la pandemia, por el senador y presidente de la Comisión de Educación, Juan Pablo Allan, junto a sus colegas de bancada Gabino Tapia, Juan Fiorini y Franco Bagnato. Estos proyectos buscaban retomar la presencialidad en las aulas.
Y en la actualidad el Senador Marcelo Daletto y la Senadora Aldana Ahumada son autores de un proyecto de ley que Declara a la educación como servicio esencial y avanza aún más, describiendo el procedimiento a seguir para que existan guardias mínimas frente a medidas directa de fuerza, huelga u otra circunstancia que impida prestar el servicio, garantizando así que los alumnos no pierdan los días de clase.
Debemos como sociedad salir de la trampa que se propone continuamente de estar de un lado o del otro de la grieta, no es grieta , lo que nos divide , son los excesos y el abuso de poder que generan injusticias.
Los sindicatos son instituciones de raigambre constitucional, con funciones claras y necesarias para proteger al trabajador, y apoyarlo en su desarrollo laboral, y la huelga es su derecho, pero esta función y ese derecho no pueden estar nunca por encima de todo otro derecho y su ejercicio no puede ser violento, extorsivo y politizado.
El derecho a la educación debe ser entre otros, uno de esos derechos que no pueden ser vulnerados continuamente.
