El Proyecto de Resolución presentado en la Cámara de Diputados de la Nación con el
acompañamiento de un nutrido número de legisladores nacionales, se basa en la preocupación
que generan para el sector turístico estudiantil las nuevas reglamentaciones relacionadas a los
viajes de estudios y a los viajes de egresados, como así también las cuestiones relacionadas a
las garantías que tienen los turistas-usuarios o sus representantes legales en los casos de
incumplimiento contractual, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que realizan las
familias para que estos viajes se puedan concretar.
“La normativa es confusa” manifestó la diputada Ianni “hemos retrocedido muchos años
dejando otra vez a la deriva a un sector tan sensible como es el que trabaja con estudiantes,
donde todos sabemos de las estafas e incumplimientos que hemos sufrido con los viajes de
egresados tiempo atrás”. “Es un tema por el que toda la sociedad pidió al Estado una
intervención para controlar y garantizar el cumplimiento efectivo de los contratos, algo que se
había logrado con la implementación del Fondo Fiduciario conocido como “Cuota Cero” y otra
serie de requisitos que debían cumplir las agencias y los coordinadores a cargo de los grupos
de menores en viaje, un tema muy delicado dado que con la nueva reglamentación se han
eliminado una serie de exigencias que eran mandatorias para ocupar ese rol”.
Hoy, con la desregulación que impulsa el estado nacional para el sector turístico estudiantil, no
hay seguridad ni tranquilidad de que no se presenten inconvenientes y, en caso de ocurrir, de
que se pueda asumir de manera rápida y ágil una solución a los consumidores. Asimismo, con
la nueva normativa los viajes podrían encarecerse ya que no se sabe quién asumirá el costo de
la contratación del seguro de caución.
Es en este contexto que la diputada nacional presentó la iniciativa que busca aclarar ciertos
aspectos para llevar tranquilidad tanto a los operadores turísticos como a las familias que
contratan los viajes.
En este sentido el documento pide precisiones acerca de los mecanismos de acción, prevención
y fiscalización de la autoridad de aplicación, requisitos y alcance para formalizar los certificados
habilitantes, aspectos sobre la garantía y seguros en caso de incumplimiento, requisitos para
los coordinadores de los grupos, entre otra serie de preguntas.
“El objetivo es alertar a tiempo para no tener que lamentar después inconvenientes que
podrían haberse evitado” aseguró Ianni.
