A pocas semanas del inicio del ciclo lectivo, nos encuentra con un nuevo interrogante vinculado a la enorme deuda que aún existe con la educación en nuestro país. Una situación que se une a un panorama por demás desolador que impacta de lleno en las infancias y adolescencias. Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia arrojó que 2 de cada 3 niñas y niños en Argentina son pobres o están privados de derechos básicos como el acceso a la educación, la protección social, a una vivienda o un baño adecuado, al agua o a un hábitat seguro.
Una vez más, lejos de saldar esta deuda que existe con las infancias del país, se profundiza. Estamos hablando de que aproximadamente 8,8 millones de chicas y chicos viven en la pobreza, una pobreza que se profundiza con el correr de los años y que no vislumbra un horizonte de salida. Peor aún, encuentra un Proyecto de Ley de Presupuesto 2023 con una reducción de recursos invertidos en la niñez y la adolescencia, que de aprobarse sin modificaciones impactará de lleno en algunas iniciativas vinculadas a la política alimentaria, o a acciones de protección de ingresos, o incluso a la expansión de la oferta de servicios de educación y cuidado de la primera infancia.
Una vez más, el impacto negativo es muy fuerte y se verá reflejado de manera directa en la falta de programas o políticas que promuevan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, quienes siguen transitando un camino de vulneración y precarización.
Las expectativas no son positivas, más aún si tenemos en cuenta que el 79% de las niñas y niños entre 0 y 3 años no accede a servicios de cuidado y educación, que existe un déficit de escolarización en el nivel inicial del 24,2% y del 11,9% en el nivel primario (datos del 2021), y que el 12,6% de las chicas y chicos de entre 0 y 4 años no realizaron al menos una consulta médica en los últimos 12 meses.
Las dificultades son muchas y enormes. Sin embargo, seguimos creyendo necesario impulsar cambios desde los distintos sectores, incluso convocando al Estado. Porque entendemos que no solo es necesario, sino también posible dar mayores posibilidades a las infancias para que crezcan en entornos más seguros y protectores.
Creemos que los procesos articulados efectivos; un presupuesto que cubra todos los procesos, herramientas y recursos necesarios para el despliegue de programas, proyectos, políticas y desarrollo de instituciones; y un estado que garantice el acceso a derechos; es hoy una deuda, pero también la más alta de las prioridades en materia de protección y desarrollo de niñas, niños y adolescentes.
La agenda 2030 de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) describe el objetivo de educación mundial (ODS4) que propone, “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. Es allí hacia donde debemos ir: el acceso; la equidad; la calidad; los recursos para sostener las trayectorias educativas; la inclusión; presupuestos acordes que posibiliten espacios seguros, recursos humanos valorados, capacitados y apoyados.
Creemos en el trabajo articulado entre distintos sectores para recomponer esta deuda. Aunar esfuerzos entre el Estado garante de derechos, el tercer sector con su experiencia y sus especificidades para el desarrollo de soluciones e impacto social, el sector privado como generador de recursos y propiciando espacios de despliegue personal, y la sociedad completa siendo consciente, accediendo, generando recursos y oportunidades, responsabilidad, masa crítica, una sociedad participante y comprometida.
Hoy tenemos una enorme oportunidad frente nuestro para generar una verdadera transformación en las oportunidades de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. Seguir trabajando por su desarrollo integral, para que puedan crecer con las herramientas necesarias para alcanzar una vida plena, es un compromiso de todos.
