Organizaciones de la sociedad civil de Argentina presentaron ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas un informe en el que se analiza la situación de las personas con discapacidad en el país. Al ser el organismo que interpreta la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (tratado que cuenta con jerarquía constitucional en Argentina) y monitorea su cumplimiento por parte de los Estados, en el año 2012 este Comité ya había emitido un primer documento con observaciones al gobierno argentino, y este año deberá pronunciarse nuevamente. La presentación advierte que los avances desde entonces fueron prácticamente nulos, y que la mayoría de las recomendaciones formuladas en 2012 permanecen incumplidas.
El informe es el resultado de un importante esfuerzo de redacción colectiva. En efecto, fue elaborado por 26 organizaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, así como por equipos académicos de seis universidades públicas nacionales de distintas provincias.
Algunos de los datos más relevantes que aporta son los siguientes:
- Persisten las barreras a la participación política de las organizaciones de personas con discapacidad, el incumplimiento del cupo laboral y la falta de acceso a la educación inclusiva. En relación a lo último, según los últimos datos disponibles, correspondientes a 2020, en nuestro país hay 101.107 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que estudian en escuelas especiales, lo que equivale al 40% del total.
- En relación con el derecho de las personas con discapacidad a vivir fuera de las instituciones existen deudas históricas, como el incumplimiento de la meta del 2020 sin manicomios. Según los datos del último Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental de 2019, hay 12.035 personas internadas en 162 hospitales psiquiátricos. El tiempo promedio de permanencia en las instituciones relevadas es de 8,2 años, cifra que aumenta a 12,5 en el sector público. Esta situación afecta particularmente a algunos grupos, como las mujeres y las infancias, que enfrentan formas agravadas de violencia y abuso en los contextos de institucionalización.
- Si bien se introdujeron algunas reformas positivas a la norma que reglamenta el acceso a las pensiones no contributivas que reciben las personas con discapacidad, no se modificaron los aspectos más regresivos de esta política: el monto que se otorga es insignificante y no alcanza a cubrir las necesidades básicas, continúa basándose en un criterio de “imposibilidad” y es incompatible con el empleo, con el programa “Potenciar trabajo”, con el programa “Acompañar” que asiste a mujeres en situación de violencia y con otros ingresos familiares.
- Las políticas públicas implementadas durante la pandemia carecieron de perspectiva de discapacidad. Por ejemplo, el Estado no previó ingresos específicos para ellas y muchas no cumplían los requisitos para acceder a políticas como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la tarjeta Alimentar.
- El acceso al Certificado Único de Discapacidad sigue siendo una falencia, que ocasiona un déficit en la producción de información estadística: de aproximadamente 6 millones de personas con discapacidad que viven en el país, sólo un millón y medio posee certificado. Sumado a esto, en el último censo sólo se registró la cantidad de hogares con personas con discapacidad, y no se avanzó en recabar información interseccional.
- Las políticas de salud, educación y las orientadas a garantizar los derechos de las infancias e identidades feminizadas no tienen enfoque de discapacidad. A modo de ejemplo, el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género resulta inaccesible para las mujeres con discapacidad, y a este grupo se lo sigue privando del derecho a maternar.
En 15 años desde la ratificación de la Convención, esta es la tercera vez que el país es examinado por el Comité. Tras la exposición de la sociedad civil y la del Estado, Amalia Gamio, relatora para Argentina, manifestó su preocupación por la implementación de la Convención y por los retrocesos en materia de igualdad ante la ley. Ahora, resta esperar el nuevo documento con observaciones y recomendaciones.
Desde ACIJ y desde todas las organizaciones que participamos en la redacción de este informe esperamos que las exhortaciones que formule esta vez el Comité sí redunden en cambios concretos en las políticas públicas y transformen la vida de las personas con discapacidad.
