Presentaron una serie de denuncias ante el ministerio de Trabajo contra el actual secretario General Ignacio Lonzieme
Un conflicto de magnitudes se desató en la Unión Informática (UI) donde un grupo de dirigentes decidió pegar el portazo y, tras recabar una serie de pruebas y datos, presentaron una denuncia ante el ministerio de Trabajo contra la actual conducción y particularmente el secretario General, Ignacio Lonzieme, reclamando la intervención del sindicato y el urgente llamado a elecciones. Los dirigentes disidentes comentaron que “tras obtener la inscripción gremial en 2013, la gestión del secretario General no se alineaba con nuestras iniciativas y sufríamos la pérdida de puestos de trabajo por despidos en empresas bajo convenio, episodios confusos con afiliados que eran despedidos bajo “conformidad” del sindicato, por eso manifestamos nuestra inquietud y desconcierto con las decisiones equivocadas de la máxima autoridad cuestionando muchas de ellas”.
“Resultados notorios como la caída del 50% de las afiliaciones en el último año y medio debido a la falta de compromiso expreso en la defensa gremial de los afiliados, la introducción de nuevos estudios jurídicos como el del doctor Nahuel Altieri (amigo personal de Lonzeime) quien comenzó a intervenir en los despidos de los trabajadores a pedido del mismo, evitando así tener que tomar medidas de fuerza, hacer asambleas, etc., los afiliados del sindicato pasaron a ser “clientes” “, señalaron.
Advirtieron que “el cuerpo de delegados, consecuentemente con esta conducta, también se redujo drásticamente, pasando de más de 40 a solo 5 delegados en las empresas. De las 7 empresas con las que se negociaban paritarias en una mesa trimestral, solo quedaron 3, y cada vez con menos afiliados”.
Apuntaron que “en cuatro años de gestión hubo solo dos reuniones de Consejo Directivo. De existir actas reflejando reuniones de consejo directivo superior a esa cantidad, obligatoriamente fueron escritas para completar el libro con cosas inventadas en su mayoría, quizás otras ciertas, para luego ser firmadas por algunos secretarios y vocales muy probablemente con algún ardid o engaño de por medio, con el fin de evitar tener que reunirse para adoptar decisiones consensuadas en el marco del consejo directivo y dejar libre el camino para avanzar en el manejo autoritario del sindicato”.
Expresaron que “estas son apenas una nuestra de algunas irregularidades que hemos registrado”, por lo que “estando de por medio de forma inocultable el peligro actual de serios perjuicios a nuestra asociación sindical y/o a sus miembros (y quizá también del erario público), solicitamos a la señora ministra de Trabajo Raquel Olmos, en el marco de lo prescripto en el apartado b) del inciso 3 del artículo 56 de la ley 23551 peticione en sede judicial la suspensión en el ejercicio de sus funciones de todo el consejo directivo y se designe un funcionario con facultades para ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades que se han venido acumulando últimamente, para seguidamente poner en funcionamiento un proceso electoral para la elección de nuevas autoridades; o bien en el ejercicio discrecional de su competencia designe funcionario a los mismos fines y efectos de acuerdo a lo previsto en el último párrafo de la misma norma”.
Asimismo, reclamó que “ordene de inmediato el cese de toda transferencia de fondos por cualquier concepto a la Asociación Sindical Unión Informática, poniendo enfáticamente de relieve en este aspecto que Lonzieme ha tomado por asalto el control de los recursos de nuestro sindicato no contando con el consentimiento y la aprobación del actual secretario de Finanzas de todo movimiento de fondos ingresados a las cuentas bancarias con posterioridad al 14 de agosto de 2022. Del mismo modo solicitamos se ordene una detallada auditoría sobre los fondos ya transferidos en cuanto a su monto, concepto, cargo y causa”.
Y solicitó se suspendan los plazos en todos los expedientes administrativos actualmente en trámite relacionados con nuestra entidad, hasta la concreción de su normalización institucional legal y estatutaria.
