La diputada del Frente Renovador de Mendoza, Gabriela Lizana destacó la importancia de que se considere el incumplimiento de las condiciones de venta de productos agrícolas como un comportamiento abusivo, conforme a los principios establecidos en el Código Civil y Comercial de la Nación (Artículos 9, 10 y 11). “Sin el respeto a estos principios básicos, ninguna cadena productiva es sostenible y se corre el riesgo de desmantelar el sector productivo primario en su totalidad”, afirmó.
Es importante destacar que en el plenario de las Comisiones de Economía, Energía, Minería e Industria, junto con la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales, Lizana presentó un despacho alternativo al proyecto número de expediente 85729 del Ejecutivo, que busca derogar la Ley 9133 y modificar el Registro de Contratos de Compra Venta de Productos Agrícolas. Este despacho, impulsado en línea con las solicitudes de distintas asociaciones de productores, incluye cambios significativos para asegurar condiciones justas y transparentes para los pequeños productores.
Entre las principales propuestas de la diputada se destacan:
- La obligación de establecer un contrato con los productores al momento de recibir la materia prima, con detalles claros sobre cantidades, calidad, precio y forma de pago.
- La posibilidad para los productores no integrados a cooperativas de exigir el cumplimiento de los contratos mediante una acción judicial más expedita, reconociendo sus derechos con instrumentos que tienen fuerza de “Títulos Ejecutivos”.
- La aplicación de multas a los establecimientos que incumplan sus obligaciones, siendo este incumplimiento considerado un comportamiento abusivo, de acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación.
“Mañana se votarán dos despachos en la Cámara de Diputados: el que deroga la Ley 9133 y el alternativo presentado por mí, que busca garantizar una protección real para nuestros productores, brindándoles herramientas jurídicas efectivas para defender sus derechos,” explicó la diputada.
Gabriela Lizana reafirma su compromiso con el sector productivo primario de Mendoza y sostiene que, para construir una cadena de valor justa y sostenible, es indispensable que todos los actores respeten los principios básicos de buena fe y transparencia.
