Además de la causa penal por extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público, falsedad ideológica de documento público y allanamiento ilegal, Bailaque tiene tres expedientes disciplinarios activos en la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura (N° 129/2024, 185/2024 y 186/2024). Sin embargo, la aceptación de su renuncia por parte del Poder Ejecutivo implicaría el archivo automático de estos procesos, lo que impediría avanzar hacia una eventual remoción por mal desempeño.
La aceptación de la renuncia de jueces y juezas denunciados, que evita el juicio político y permite el acceso a una jubilación de privilegio, no es una novedad. En casi un tercio de los ya excepcionales casos que llegaron al Jurado de Enjuiciamiento, no hubo resolución de fondo porque se aceptó la renuncia de la persona investigada.
Este tipo de decisiones no solo impacta en el caso del juez Bailaque, sino que consolida una situación de impunidad institucional que sienta un grave precedente. Si esto se permite, cualquier juez acusado de corrupción sabrá que puede evitar el juicio político simplemente mediante la presentación de su renuncia.
Estos hechos se producen debido a las demoras en investigar del Consejo de la Magistratura, lo que evidencia la necesidad de una reforma normativa. El organismo sigue funcionando de acuerdo a una ley derogada, a pesar de que ya pasaron tres años desde el fallo de la Corte Suprema que ordenó al Congreso dictar una nueva.
Se requiere una decisión urgente por parte de las autoridades nacionales a fin de evitar la impunidad de quienes deshonran la función judicial y socavan la confianza pública en las instituciones.
