JORGE PÁEZ/HUGO MORALES/MARTIN TARAZI/ESTELA CATALAN
Este fin de año llegó, después de larga espera, el laudo presidencial sobre el tema de Portezuelo del Viento en el que se decide sobre la necesidad de un nuevo estudio de impacto ambiental que analice las consecuencias que podría generar la construcción de la obra en el conjunto del área de influencia de las aguas del sistema del Rio Colorado. El decreto del presidente abarca un extenso documento de 26 páginas, a través del cual pudimos enterarnos, los que hemos estado dispuestos a leerlo, de la larga historia de los diferendos y los acuerdos entre las cinco provincias interesadas en el uso del agua de dicho río y sus afluentes, desde el año 1956 hasta la fecha.
La complejidad de tal historia que comprende cuestiones políticas, geográficas, ecológicas, jurídicas, sismológicas, etc. y que tiene en cuenta la existencia de diversas leyes preexistentes que influyen sobre la cuestión, ha pretendido ser reducida, por opinión del antiperonismo, a una cuestión electoral y de favoritismo a las provincias supuestamente amigas del presidente y de condena a Mendoza por estar gobernada por la oposición. Análisis de baja estofa que no hace más que expresar el pobre pensar del radicalismo y sus patrones del PRO, sirvientes del recurrente plan de obstruir todas las iniciativas del gobierno y solo interesados por ocupar algún puestito de supervivencia en el estado. El ladrón cree que todos son de su condición.
Increíblemente el exgobernador, exvicepresidente y actual senador, Julio Cleto Cobos, propone como solución “una tercera opción que creemos más viable: ejercer la potestad provincial, denunciar por incumplimiento del Acuerdo Interprovincial del Río Colorado firmado por gobernadores de la dictadura militar y el entonces ministro del Interior el represor Albano Hardindeguy; con un “primer paso: …. derogar las leyes provinciales de la dictadura N°4116 y 4154, por las cuales la provincia acepta el acuerdo”.
Sobre lo que tenemos algo para decir. Primero que tal idea esta emparentada con aquella otra estupidez de Cornejo que proponía la “independencia de la Provincia de Mendoza”, o sea su separación de la Nación Argentina. En segundo lugar, recordarle a Cobos que el COIRCO tiene más de cuarenta años de existencia y que a nadie hasta ahora se le ocurrió cuestionar la supuesta ilegitimidad de su nacimiento y, menos que a nadie, al actual Senador Cobos, que, durante ese tiempo fue Ministro de Obras Pública de la Provincia, Gobernador, Vicepresidente de la Nación y Senador, viviendo de los erarios públicos y nunca en el ejercicio de tales cargos se ocupó de modificar tal situación que hoy le preocupa. El radicalismo gobernante de la Provincia, en varias oportunidades, siguió participando en el COIRCO desde 1983 a la fecha, lo que claramente es un reconocimiento de la procedencia de la existencia de dicha institución que, más allá de ser un invento de la dictadura, es un mecanismo válido para la resolución de intereses contrapuestos y aporta a la unidad de la Nación federal.
Ya en Mayo pasado habíamos expresado nuestra opinión sobre la cuestión y algunas de las cosas dichas en aquel momento siguen teniendo vigencia.
Nos expresábamos desde nuestra doble condición de habitantes del sur de Mendoza y de militantes del movimiento nacional y popular, nucleados bajo el nombre (y consigna) de PRIMERO LA PATRIA, señero pensamiento de la doctrina que nos legara el General Perón.
El laudo del presidente Fernández es el resultado de una larga historia de reclamos y de conflictos que ponen en el tapete de la discusión política diversas cuestiones no resueltas como son la unidad de la nación argentina y su aparente contradicción con el federalismo, el enfrentamiento profundo entre el proyecto colonial y el de la nación soberana e independiente y, en los momentos actuales, la decadencia de alguna dirigencia política que antepone la ramplonería del electoralismo a los grandes intereses de la comunidad.
Todo esto bajo la cuestión fundamental para los mendocinos, de que SIN AGUA NO HAY VIDA NI DESARROLLO POSIBLE.
Desde hace más de 45 años se viene hablando de la necesidad del TRASVASE del Río Grande al Atuel, como forma de aprovechar un enorme caudal de agua que hoy se pierden el Mar Argentino, o sea, en el Océano Atlántico. Hace rato que venimos diciendo que la propuesta correcta es la de hacerlo a través de la variante alta, con un embalse en la Estrechura y un túnel y un canal de vuelco al Río Salado y a través de éste al Atuel. Lo que haría posible utilizar positivamente los 34 m3. que le corresponden a la provincia, favoreciendo la agroindustria de los departamentos del sur, repotenciar la capacidad de generación hidroeléctrica de los nihuiles, construir nuevas centrales a lo largo del valle del Salado y desarrollar el turismo en la zona. Permitiría, además, resolver el viejo conflicto con la provincia de La Pampa que, con cierto grado de razón, reclama por su derecho de resolver los problemas de la crisis hídrica en las zonas del oeste de dicha provincia.
Cuestión esta última que está implícita en el laudo del presidente y que atiende a tener en cuenta los derechos de las cinco provincias que participan del Río Colorado y sus afluentes, nucleados en el COIRCO. Ninguno de estos aspectos positivos está tenido en cuenta en la obra licitada de Portezuelo del Viento que posterga, sin tiempo, la ejecución del trasvase que, para nosotros es la cuestión trascendente.
- Porque Portezuelo estaba destinada al fracaso, lo que era vox populi en los pasillos de la gobernación.
• Porque NO aumenta la superficie bajo riego de Mendoza.
• Porque NO regula el agua para Mendoza, sí para las demás provincias
• Porque garantiza el riego a las provincias vecinas
• Porque consolida la expansión de áreas bajo riego en las provincias vecinas.
• Porque aumenta la vida útil de la presa Casa de Piedra (La Pampa)
• Porque comenzaría a generar energía dentro de 8 años.
• Porque a Portezuelo la íbamos a pagar los mendocinos para beneficio exclusivo de las otras provincias.
Por otra parte, estaba claro que el gobierno provincial de Cornejo y Suárez estaban proyectando no hacer la obra y redireccionar los fondos que, religiosamente deposita le gobierno nacional, para otros usos, favoreciendo nuevamente al norte provincial y, como graciosa concesión al sur, la obra de El Baqueano sobre el Diamante, obra que cuestionamos por su alto costo y solo destinada a generar energía eléctrica, con una dudosa relación ente costo y beneficio, salvo para la ganancia de las empresas constructoras. Preguntamos además cómo se inscribe el apuro de nuestros gobernantes provinciales por la ejecución de la Presa de El Baqueano con la idea del desarrollo de un plan maestro para el uso del agua – recurso escaso-, expresado en el también dudoso convenio con la empresa israelí Mekorot.
Habiendo decidido que la obra de Portezuelo era irrealizable surge a la vista el intento de echarle la culpa de no ejecutar la obra al gobierno nacional, por lo que hicieron, tardíamente, la maniobra de solicitar el laudo presidencial.
Obviamente están teniendo algún grado de éxito en la maniobra. Están consiguiendo lo que buscaban en la difusión de la crítica al gobierno nacional.
Solo como breve referencia a algunas de las largas consideraciones legales, les recordamos a los opositores que el laudo del presidente solo ha refrendado la decisión del ex presidente Macri en el mismo sentido de exigir la realización de un nuevo y completo estudio del impacto ambiental integral de toda la cuenca.
Rechazamos las críticas porque la decisión política estratégica debe inscribirse en una discusión profunda sobre el futuro de la región del sur de la provincia que tenga en cuenta no solo la situación inmediata de tres mil sureños que podrían trabajar en la obra, sino las posibilidades de crecimiento y desarrollo de nuestra región que tiene potencialmente la posibilidad de contener a un millón de argentinos y argentinas.
E insistimos sobre un proyecto que tiene algún grado de avance en los estudios, que es el de la variante alta y que contradice lo expresado por algunos dirigentes políticos en el sentido que no hay destino para los fondos. Reivindicando además la idea de que los fondos deben ser invertidos en el sur de la provincia, favoreciendo a los departamentos de Malargüe, General Alvear y San Rafael.
